En realidad, no fue el 18, fue el 17. Y no fue en España, sino en el Protectorado de Marruecos. Los militares que veníacon conspirando contra el Gobierno de la República no las tenían todas consigo, pues no faltaban notorios conspiradores que daban la impresión de nadar y guardar la ropa, entre ellos, el mismo general Franco, comandante militar de Canarias. Una profunda desconfianza, una permanente sospecha y algunos enfrentamientos a tiros habían enrarecido el aire de los cuarteles y obligado a posponer en varias ocasiones el día de la rebelión. El director, el general Mola, había exigido el empleo de la máxima dureza, o sea, fusilamiento con o sin consejo de guerra, contra quienes se opusieran a la acción una vez emprendida. Pero al escribirlo pensaba en las autoridades republicanas, en los dirigentes de partidos de izquierda y de los sindicatos obreros, no en sus conmilitones. La insurrección, proyectada para las primeras horas de la mañana del 18 de julio, comenzó, sin embargo, antes de lo previsto en Marruecos, con el tiro a bocajarro a los jefes indecisos, allí mismo, en los despachos de los cuarteles, entre voces y griterío. La primera víctima, el general Romerales, marcó la norma futura: para garantizar el éxito había que liquidar, como primera providencia, a los jefes y oficiales que declaraban su lealtad al Gobierno legalmente constituido o que se mostraban remisos y dubitativos.
Roto ese dique, el torrente se desbordó sin conocer ningún límite: si la muerte era el destino de los compañeros desafectos, ya se puede imaginar cuál podría ser el de los obreros, campesinos y autoridades republicanas allí donde ofrecieron débil resistencia. Ocurrió así en tierras del Protectorado en la tarde del 17 de julio y la pauta se impuso de inmediato en los focos de rebelión que alumbraron desde las primeras horas de la mañana y se extendieron por la tarde y noche del 18. La Coruña y Vigo, Álava y Navarra, las capitales de Castilla la Vieja, Sevilla. En todas partes se repitieron idénticas escenas: insurrección, detención y fusilamiento de jefes y oficiales indecisos, sin importar grado de parentesco o amistad; adhesión, donde las hubiera, de milicias falangistas y carlistas; rápido control de las calles, incursiones de castigo en los barrios obreros; asesinato de alcaldes y gobernadores civiles. En Madrid, en la noche del 17 al 18, la República -como escribió Manuel Azaña- estuvo pendiente de un hilo: habría bastado la decisión audaz de quienes ocupaban todos los establecimientos militares para acabar con el régimen en unas horas. Pero, añade Azaña, se produjo el hecho contrario.
El hecho contrario no consistió en que a la falta de audacia de los rebeldes respondiera el Gobierno con firmeza: el Gobierno de la República se hundió la misma tarde del golpe. ¿Qué Gobierno era ese incapaz de resistir el golpe y aplastarlo? Ante todo, no era un Gobierno de Frente Popular aquel contra el que se rebelaban una tras otra, deslavazada, caóticamente, las guarniciones militares. Para serlo, hubiera requerido, como en Francia, la presencia de los socialistas, porque el apoyo parlamentario de los comunistas se daba por descontado. Pero los socialistas se habían negado a incorporarse a un Gobierno de coalición cuando Manuel Azaña, el 11 de mayo, recién elegido presidente de la República, ofreció a Indalecio Prieto la presidencia del Consejo de Ministros. Fue la facción liderada por Francisco Largo Caballero la que se negó a incorporar a su partido al Gobierno en la ilusoria e irresponsable esperanza de que los republicanos, al cabo de unos meses, no tendrían más remedio que franquear la puerta y poner en sus manos todo el poder.
Esta estrategia suicida, además de dividir e inutilizar a los socialistas como fuerza hegemónica de la coalición republicano-obrera, dejó al Gobierno a la intemperie, sin bases sólidas sobre las que apoyarse. Y fue contra un Gobierno débil, formado exclusivamente por republicanos de centro-izquierda, bajo la presidencia de Santiago Casares Quiroga, contra el que pusieron en marcha su proyectada conspiración los militares que desde el 8 de marzo se habían juramentado para dar un golpe de Estado. No era la primera vez que lo intentaban. No era tampoco la primera vez que un Gobierno de la República tenía que habérselas con una intentona militar, de la que todo el mundo hablaba y de la que todo el mundo, incluso la policía, estaba al cabo de la calle.
A nadie, por tanto, pilló de improviso la tarde del 17 de julio el rumor rápidamente extendido de que algo ocurría en tierras del Protectorado. El Gobierno esperaba la insurrección y había tomado las medidas que estaban de su mano para entorpecer con piedrecitas su maquinaria: creyó que con los traslados de los principales sospechosos y el nombramiento de generales de confianza al frente de las fuerzas de policía y de la Guardia Civil, la proyectada rebelión sería aplastada, si no tan fácilmente como en agosto del 32, al menos con efectos más radicales y permanentes: ahora el castigo sería ejemplar. Los dirigentes obreros, por su parte, acariciaban la expectativa de que los militares se rebelasen porque en su visión del alumbramiento del nuevo mundo bastaba una huelga general para derrotar a la reacción militar.
Y ése fue el hecho contrario al que se refería Azaña: la rebelión puso en marcha un movimiento de resistencia obrera y popular que, sumando su presión a la que procedía del bando contrario, se llevó por delante al Gobierno presidido por Casares, dejando sin gobierno a la República durante unas horas decisivas. Para tapar el hueco, Azaña ofreció al presidente de las Cortes, Diego Martínez Barrio, el encargo de formar un nuevo Gobierno que se ampliara por la derecha y por la izquierda con el refuerzo de liberales y socialistas. Martínez Barrio lo intentó en la noche del 18, pidiendo a Felipe Sánchez Román, líder del pequeño Partido Nacional Republicano, y a Indalecio Prieto, dirigente de la facción centrista del PSOE, su incorporación al Gobierno. El primero accedió, pero Prieto, tras consultar con su partido, regresó con una respuesta decepcionante: el PSOE se negaba por segunda vez, ahora en circunstancias dramáticas, a entrar en gobierno. Era, de nuevo, la estrategia de Largo Caballero y de sus consejeros de la izquierda socialista la que se imponía: esperar a que los republicanos sucumbieran para ocupar los socialistas en solitario todo el poder.
A pesar de este revés, Martínez Barrio habla con algunos jefes de las divisiones orgánicas y con el general Mola, que en esos momentos es ya -desposeído del mando y detenido el general Batet, que en unos meses será también fusilado- jefe efectivo de la VI División: "Es tarde, muy tarde...", responde Mola a las consideraciones que le hace Martínez Barrio. En realidad, a esas alturas, los rebeldes, conducidos sobre el terreno más por comandantes que por generales, han matado tanto que tienen cerrada cualquier posibilidad de marcha atrás. A pesar de que Madrid ni Barcelona caen, tienen que seguir adelante. Lo proclama Franco en sus arengas radiadas; lo dice Mola a su interlocutor. Martínez Barrio también sigue adelante y a primeras horas de la mañana del día 19 ha logrado formar un Gobierno a base de los tres partidos que un año antes habían sellado una especie de nueva alianza republicana: Izquierda Republicana, de Azaña; Unión Republicana, del mismo Barrio, y Partido Nacional Republicano, de Sánchez Román.
Pero este Gobierno tiene, antes de nacer, las horas contadas. En una noche de insomnio cargada de rumores se corre rápidamente la voz de que Martínez Barrio negocia una paz con los generales rebeldes. Socialistas, anarquistas y comunistas convocan una gran manifestación. Desde primeras horas de la mañana del domingo llegan hasta Martínez Barrio las voces de los manifestantes exigiendo armas y gritando "¡abajo el Gobierno!". El recién nombrado presidente dimite: su presidencia habrá durado poco más de seis horas, el tiempo justo para que el flamante Gobierno apareciera en la Gaceta cuando ya había dejado de existir. Azaña convoca entonces al Palacio Nacional a los dirigentes de los partidos y sindicatos con objeto de resolver la crisis de manera que todos se sientan implicados en la fórmula que se adopte.
En esa reunión, Largo Caballero, que también ha acudido, rechaza por tercera vez la participación socialista y sólo da su aprobación a un Gobierno formado exclusivamente por republicanos bajo la condición de que proceda a repartir armas a los sindicatos. El presidente de la República confiere entonces el encargo a su viejo amigo José Giral, que acepta la tremenda responsabilidad. Ya está, pues, el pueblo armado contra los generales rebeldes. Son pistolas y, todo lo más, el famoso máuser de 750 metros de alcance: sobre armas cortas van a edificar los sindicatos el nuevo poder obrero y campesino. Los militares decían haberse alzado contra el peligro comunista y lo que han puesto en marcha es una revolución sindical. Será un poder atomizado, suficiente para aplastar la rebelión allí donde los rebeldes han dudado y se han encerrado en sus cuarteles; trágicamente inútil allí donde los militares se han adelantado y han establ6ecido un férreo y despiadado control.
Será también un poder que vuelve inane el poder del Gobierno de la República. Revolución triunfante es proliferación de comités sindicales que comienzan a organizar la defensa contra el agresor y la represión del enemigo interior. Desde el mismo 18 de julio se destruyen por el fuego los símbolos del viejo mundo derrocado, se queman archivos, se incendian iglesias, se da muerte a quienes se han señalado, personal o institucionalmente, como enemigos de la clase obrera y de la revolución -propietarios, clérigos, guardias civiles-, mientras se abole el dinero, se incautan empresas, se patrullan las calles. Sobre las ruinas del Estado republicano, la revolución -o lo que quiera que fuese aquella resistencia obrera, campesina y popular al golpe militar- anunciaba, a pesar de la euforia de tantas noches febriles, más que un triunfo, una larga guerra civil.
SANTOS JULIÁ
El País.es
